La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el Gobierno del PP para reducir al mínimo el alcance de la llamada justicia universal no solo afectará a las causas más conocidas y que más quebraderos de cabeza diplomáticos causan al Ejecutivo —como el proceso al régimen chino por el genocidio en el Tíbet o la investigación de la muerte del periodista José Couso a manos de soldados estadounidenses—. La modificación legislativa elaborada por el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón y tramitada por la vía más urgente y más alejada del debate de expertos posible (la proposición de ley del PP en el Congreso) afectará severamente, según fuentes jurídicas, a la investigación de delitos más cotidianos, como el tráfico de drogas, la violencia de género o la pederastia, entre otros.
2.Febrero.2014, El País>>VER NOTICIA
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